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El narcotráfico en Colombia se refiere al negocio de las drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, la producción y distribución de estos productos, así como la evolución histórica de esta actividad económica. El narcotráfico ha tenido directa influencia en la vida política, social y económica del país; también como actor importante del conflicto armado interno, siendo el apoyo económico directo e indirecto tanto de grupos paramilitares, guerrillas y delincuencia organizada (carteles de la droga y Grupos Armados Organizados). Varios dirigentes nacionales han sido acusados de alianzas con grupos de narcotraficantes y/o grupos armados ligados al narcotráfico para ganar poder político y económico.[1]
El uso de la hoja de coca y otras plantas había formado parte del América del Sur, pero la demanda mundial empezó durante las décadas de 1960 y 1970, aumentando la producción y procesamiento de cocaína en Colombia. Se implementaron leyes de prohibición en Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las cultivaban, poseyeran, comercializar o distribuyeron En Colombia, se acusa a los Cuerpos de Paz de enseñar a los campesinos la fabricación de la cocaína y de involucrarse en el tráfico de marihuana.[2][3]
Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas en los años 70´s, Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares, que en la década de 1980 empezaron a financiarse y a ser conformados por narcotraficantes. En Colombia, la guerra contra el narcotráfico empieza el 30 de abril de 1984, fecha del asesinato del Ministro de Justicia: Rodrigo Lara Bonilla; ordenado por el líder del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, en ese entonces suplente en la Cámara de Representantes, y de quién Lara ya venía denunciando sus actividades ilegales a raíz del descubrimiento del complejo cocalero de Tranquilidad el mes anterior, por parte de la policía colombiana; razón suficiente para que el gobierno, presidido por Belisario Betancur, implementará de manera inmediata la Ley de Extradición contra los narcotraficantes firmada en el gobierno de Julio César Turbay, luego de esto promulgó el Estatuto Nacional de Estupefacientes (Ley 30 de 1986), teniendo así una herramienta para combatir la fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.
A pesar de estos programas y leyes, Colombia continuó siendo el líder mundial en producción de cocaína con aproximadamente el 70% del total de distribución a nivel mundial y el 90% del procesamiento, según un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2004.[4]